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Contextos

Corrupción política total

 

No hay discusión en el sentido de que buena parte de los medios de comunicación privados no son en Venezuela ecuánimes en la cobertura de las consultas que realiza el Consejo Nacional Electoral, mas es una treta que esa realidad la utilice el vocero de gobierno, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, para justificar el abusivo ventajismo publicitario oficial usando recursos de diversos organismos y empresas del Estado para promover la posición oficialista en relación con la reciente enmienda aprobada.

Es una treta el argumento de Rodríguez debido a tres razones fundamentales:

Primera, está consintiendo la desviación de recursos del Estado, y así  los de los venezolanos, en un uso indebido que conforma otro episodio del proceso de corrupción sin parangón que estimula el chavecismo y arruina a la nación.

Segunda razón, en dirección del propósito anterior se somete descaradamente a los empleados públicos a una directriz política y proselitista a riesgo de perder sus trabajos de resistirse a asumir -obligados- el respaldo al proyecto del socialismo del siglo XXI.

Tercera, cuando los medios comunicación privados se parcializan por los postulados de la oposición, desequilibran el servicio informativo que prestan, pero la decisión causa principalmente perjuicio a esos mismos órganos divulgativos, y si en la tarea malbaratan dinero, es plata proveniente de los recursos financieros de cada medio o del bolsillo de sus accionistas, no de la población venezolana. Al punto se añade que los analistas de opinión pública han demostrado que la inobjetividad de los numerosos medios de comunicación del Estado es aplastante en comparación con la de los privados.

Es por esa realidad que la intención de crear una ley que estipule y regule el origen de los recursos publicitarios para las campañas políticas, es oportuna y necesaria, tanto para controlar al partido y a los funcionarios partidistas en el gobierno central, como a los partidos de oposición y sus gobernadores y alcaldes.

Oportuna y necesaria porque el comandante Hugo Chávez ha trastornado toda la estructura y los conceptos de la institución gobierno.  Y la primera irregularidad en la reciente consulta, a mi modo de ver, es que el Presidente de la República, en lugar de dedicarse a gobernar y administrar, se haya puesto él mismo al frente de una campaña por la aprobación de la enmienda constitucional y que en ello arrastre a buena parte del personal en funciones en el llamado alto gobierno.

Como consecuencia de ese inapropiado modelaje, vemos a gobernadores y alcaldes de oposición en el mismo papel, cuando deberían estar dedicados a las tareas gubernativas para las que fueron recientemente elegidos.

Las campañas políticas y electorales corresponden a los partidos y sus dirigentes, no a los políticos en tareas gubernamentales. Antes siempre había sido así y deduzco que el buen hábito se corresponde con claros conceptos de ética partidista y gubernativa que en este aspecto existía en los partidos tradicionales. ¿Quién de nosotros, los adultos de edad más avanzada, vio alguna vez a Rómulo Betancourt en campaña a favor de su copartidario Raúl Leoni, y los recursos del gobierno y sus organismos dedicados descaradamente a respaldar candidaturas de AD en un acto que hubiera sido otro gesto de desvergüenza personal y corrupción administrativa?

En resumen, ¿qué hace Jorge Rodríguez, el alcalde de Libertador, en campaña? ¿Por qué Carlos Ocariz declara que el NO le ganó al SI en el municipio Sucre? ¿A qué vienen las declaraciones de Manuel Rosales sobre los resultados? ¿Por qué  Salas Feo anda en el mismo rol? Al igual que Chávez, por qué esos cuatro funcionarios públicos no se abocan a tiempo completo -por la tarea reciben un salario- a la administración de las gobernaciones y alcaldías que recientemente asumieron. ¿Las descritas son o no tareas políticas que a quienes corresponde adelantar es a los dirigentes de los partidos respectivos?

La corrupción tiene recovecos y nos hemos acostumbrado tanto convivir con éstos que nadie denuncia sus manifestaciones porque casi todos tienen de algún modo las manos metidas o porque nos habituamos a mirarlas como una normalidad.  

La oposición tiene que dar la pauta con propuestas éticas para el rescate de la transparencia de la función gubernativa, al igual que con la demostración de que representa de verdad un cambio positivo.

 

Manuel Bermúdez Romero

 

 

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